CASO VENEZUELA: ¿Y AHORA QUIEN PODRÁ DEFENDERNOS?
Antes de partir para Cuba, el pasado lunes 30 de abril de 2012 en cadena nacional obligatoria de todos los medios de radio y televisión, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela anuncio que se retirará “de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH)
De acuerdo con expresiones del mandatario nacional “el primer país que desconoce” la CIDH “son los Estados Unidos”, y la comisión, además, “funciona en Washington”. Además, según su parecer “Es un mecanismo que usa Estados Unidos contra nosotros”, puntualizó el mandatario al referirse a ese ente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es por ello que Hugo Chavez Frías, pidió al vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, que se acelere la instalación del Consejo de Estado, un organismo que, según la Constitución, se encarga de recomendar políticas de interés nacional al jefe de Estado, para que en los “próximos días (…) ni siquiera semanas” le “dé una recomendación bien sustentada”.
Atendiendo al llamado del actual presidente venezolano, fue discutida en el Asamblea Nacional la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue aprobada con los votos de 91 parlamentarios del sector oficialista y 22 en contra correspondientes a los representantes de la bancada opositora.
Sin embargo, para que Venezuela pueda efectivamente retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe retirarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dado que la CIDH no es una organización internacional a la cual el Estado venezolano pertenezca; dicha comisión es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene base normativa en el tratado de esta organización (arts. 53 y 106 de la Carta de la OEA), es decir, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Venezuela es Estado parte de la Carta de la OEA y es por ende Estado miembro de esta Organización. Mientras Venezuela siga siendo Estado miembro de la OEA, estará sometida a las competencias de la Comisión Interamericana para conocer de denuncias o peticiones por la violación de derechos humanos o para promover la vigencia efectiva de estos derechos, con el matiz que haremos luego.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos estaría viciada de nulidad, porque la Constitución Venezolana vigente reconoce el principio de progresividad en materia de derechos humanos (art. 19), por lo que el Estado no puede adoptar medidas que impliquen un franco retroceso en materia de derechos humanos. Además, la Convención está mencionada expresamente en la propia Constitución, cuando ésta alude a las condiciones que deben llenar los decretos que declaren un estado de excepción (art. 339).
Recientemente, el 9 de Abril de 2012, por decima vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a incluir a Venezuela en la "lista negra" de su Informe Anual sobre países que no cumplen estándares básicos de Derechos Humanos, pese a las reiteradas protestas de Caracas y sus amenazas de salirse del sistema interamericano por acciones como ésta. Leyes restrictivas, una "grave" criminalidad, ataques a la libertad de expresión y la "fragilidad" del poder judicial afectan seriamente los DDHH en Venezuela, afirmó la CIDH en su informe anual divulgado ayer en Washington, reseñaron las agencias DPA y AFP.
La Comisión incluyó a Venezuela, junto a Cuba, Honduras y Colombia, en Capítulo IV de su informe, donde se citan a aquellos países donde existen situaciones que afectan "seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales". Venezuela ha sido incluida en esta "lista negra" por una década, desde 2002.
Entre las razones que fundamentan la inclusión de Venezuela en la lista negra de países que no respetan los derechos humanos, la Comisión indica que se ha impedido el goce efectivo de los derechos políticos en Venezuela, derechos que por su esencia propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Según el informe de la CIDH en Venezuela se han creado mecanismos para restringir las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes del gobierno.
Asimismo, la Comisión nota en su informe cómo “el Estado ha adelantado acciones para limitar algunas de las competencias de autoridades electas por voto popular con el fin de reducir el alcance de las funciones públicas de miembros de la oposición”. No obstante, la CIDH da cuenta de cómo a través de una serie de reformas legales las autoridades de la oposición han visto reducidas sus competencias de forma tal que no pueden ejercer legítimamente el mandato para el cual fueron elegidas.
Finalmente, entre muchos otros argumentos, la CIDH también identifica en el citado informe una “preocupante tendencia a castigar, intimidar y agredir a personas a manera de represalia por haber hecho público su disenso con las políticas oficiales”. Según expresa el informe, esa tendencia afecta tanto a las autoridades de la oposición como a ciudadanos que han ejercido su derecho a expresar su disconformidad con las políticas adelantadas por el gobierno, dejando claro que “las represalias se realizan tanto a través de actos estatales como de actos de acoso y violencia provenientes de personas civiles que actúan al margen de la ley como grupos de choque”.
Al respecto “la Comisión nota con preocupación que se ha llegado al extremo de iniciar procedimientos penales contra disidentes, acusándolos de delitos comunes con miras a privarlos de su libertad en virtud de su posición política”.
Los ataques a la libertad de expresión preocupan a la CIDH, que recopiló en su informe denuncias de asesinatos, ataques, hostigamiento y procesos penales contra reporteros y medios, aunados a limitaciones al acceso a la información pública.
Asimismo, la Comisión juzgó "insuficientes" las respuestas del gobierno frente a la enorme criminalidad en Venezuela, el país con más homicidios en Sudamérica, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La decisión de retirada de Venezuela de la CIDH afecta a todos los venezolanos en detrimento de la defensa de sus derechos humanos, por lo cual, si es usted venezolano, disidente político y teme por su vida, y se encuentra en proceso de deportación o aún no posee estatus legal en los Estados Unidos, yo le insto a que se comunique con su abogado y le plantee como esta decisión adoptada por el Gobierno Venezolano puede ver afectado su proceso migratorio. Si desea obtener mayor información no dude en contactarme: mi nombre es Mariana Molero, abogada venezolana, Email: mm.florida@hotmail.com. Teléfono: (863)398-9138
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Mariana C. Molero N.
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