Caracas -- El gobierno venezolano ordenó la congelación de los precios de 18 productos con la entrada en vigor el martes de la nueva Ley de Costos y Precios Justos, con la que pretende dar un paso más en el camino del proyecto socialista que encabeza Hugo Chávez.
Con una llamada del presidente venezolano a “meter ojo” a multinacionales como Colgate, Palmolive, Pepsi o Coca-Cola, el gobierno venezolano comenzó a aplicar la nueva regulación de costos, una -en palabras del gobernante- “tremenda” ley, con la esperanza de hacer frente a la galopante inflación del país.
“El mercado se convierte en lo que se ha convertido: un mecanismo perverso donde dominan los grandes monopolios, las grandes trasnacionales, la burguesía criolla, y a través de esos mecanismos saquean a los pueblos”, indicó el presidente en una comunicación telefónica con el acto organizado por el gobierno para la ocasión.
Las palabras del presidente fueron acompañadas por el anuncio del vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, de que “a partir de este momento”, por decisión de la nueva Superintendencia de Precios que regulará la venta de productos al público, están congelados los precios de 18 productos hasta que se determine por las autoridades un nuevo valor máximo.
Entre los productos congelados figuran el agua natural, el jugo de fruta, cloro, jabón, lavaplatos líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y los pañales desechables.
“Métanle bien el ojo”, indicó Chávez a los nuevos inspectores de precios, mientras mencionaba explícitamente a multinacionales como Colgate, Palmolive, Pepsi-Cola, Nestlé, Jonhson & Johnson, Coca-Cola, Unilever Andina y otras, como el principal grupo de alimentación del país, Alimentos Polar.
Chávez hizo además una llamada a los nuevos fiscales vinculados con la Superintendencia de Precios, que a partir de ahora irán a las empresas a revisar los libros y balances, a que no se dejen engañar.
“Que nadie se venda tampoco, cuidado con la corrupción, que nadie se deje comprar, no, aquí el precio es la patria”, agregó.
El presidente hizo alusión durante su intervención a precios de toallas sanitarias que costaban un 200 por ciento menos en el exterior que en Venezuela, y a una crema dental que en México se podía adquirir por cinco veces menos bolívares de los que cuesta en el país.
En Venezuela el cambio del bolívar con divisas foráneas como el dólar y el euro está anclado por el Banco Central de Venezuela, y la adquisición de la moneda extranjera sujeta a un sistema de control que requiere autorización administrativa.
“Lo que sí no está normal son estos precios”, dijo Chávez, que en el momento de la sanción de la ley, el pasado 14 de julio, tildó de “vital” el control de los precios para lograr la consecución de su proyecto socialista en un país que el año pasado cerró con un 27.2 por ciento de inflación y en este año acumula hasta octubre 22.7 por ciento.
El vicepresidente afirmó que a lo largo del 2012 se irán incorporando bienes y servicios a esta estructura, “especialmente aquellos que tienen un alto índice inflacionario y que se han convertido un atropello contra el poder adquisitivo de la familia venezolana”, declaró.
El director del Banco Central de Venezuela (BCV), Armando León, advirtió el martes que la nueva norma “es una ley que hay que evaluarla muy bien, hay que aplicarla muy bien, porque si no se hace de esa manera puede convertirse en un bumerán”.
“Son más o menos unos 500,000 precios que funcionan”, detalló el directivo, quien explicó que esa cifra puede llegar a alrededor de 1.5 millones de precios si se evalúa la estructura de costos, lo que, a su juicio, hace “complicado”, aunque no imposible el hacerle seguimiento.
León admitió que una economía “no puede funcionar toda sujeta a un mecanismo de ley de precios”, por lo que aclaró que solo “van a haber algunos sectores que van a estar monitoreados de manera permanente”.
La principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, ya ha anunciado que denunciarán la ley en los tribunales, “por inconstitucional”.
“Nunca se había planteado un esquema generalizado de control de precios con sus márgenes de ganancias, un control completamente masivo para todos los actores económicos, formales o informales, grandes o pequeños”, se lamentó ayer el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti.
El empresario afirmó que la norma “restringirá la posibilidad de crear empleos, mantener empresas estables y un mayor abastecimiento”.